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Montoro, dimisión ya por Julio Astudillo

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El Tribunal Constitucional, mediante sentencia dictada el 8 de junio pasado, ha declarado inconstitucional y nula la amnistía fiscal contenida en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de junio. El Alto Tribunal ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.

El Tribunal concluye que la amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular “ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE (decreto-ley); esto conduce necesariamentea declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional.”

Como señala el Alto Tribunal, este declaración de inconstitucionalidad por vulnerar el art. 86.1 CE hace innecesario entrar a conocer de la lesión de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el art.31.1 CE, alegada también por los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.

Ni al Partido Popular ni al Gobierno de Rajoy les parece suficientemente grave  la utilización de un instrumento inconstitucionalmente inadecuado para aprobar la amnistía fiscal. Dicen que la inconstitucionalidad es sólo por motivos formales. En este sentido, es preciso subrayar que el Decreto-Ley supone una excepción al principio democrático y a la participación de la minoría parlamentaria en el procedimiento legislativo ordinario en un ámbito que afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Por tanto, la vulneración del art. 86.1 CE y la consiguiente declaración de nulidad de la amnistía fiscal, no es un tema menor, es un asunto grave, desde el punto de vista jurídico y político.

Pero es que, además, el PP está ocultando intencionadamente lo que señala la sentencia en respuesta a los argumentos del Gobierno y que entra claramente en el fondo del asunto. Señala el Tribunal Constitucional que “En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art5.31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir.

Esta consideración del Tribunal Constitucional va mucho más allá de las cuestiones de forma. Constituye una auténtica censura jurídica, desde la perspectiva constitucional a la amnistía fiscal.

Desde el punto de vista político, la acusación al Gobierno del PP de que la amnistía fiscal legitimó el fraude fiscal, y supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos a contribuir, debería haber conllevado, por decencia política y por respeto a los perdedores de la crisis económica, la inmediata dimisión de Cristóbal Montoro.

 

Julio Astudillo Rodrigo

Secretario de Economía, Industria y Empleo de la C.E. de Gipuzkoa del PSE-EE.